El Capitulo Argentino de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo (PIDHDD) se dirige a la Presidencia de la Nación Argentina y a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la finalidad de hacerle saber que en esta ciudad se esta produciendo la persecución de nuestra compañera Sonia Sánchez, luchadora incansable contra la explotación sexual, el proxenetismo político y sexista, la violencia contra la mujer; educadora popular y escritora, autora del libro "Ninguna Mujer nace para Puta", entre otras obras artísticas destinadas a correr el velo que invisibiliza a los estados proxenetas y la demanda social sexista prostituyente.
El Capitulo en si mismo constituye una red en defensa de los Derechos Humanos, con especial énfasis en los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Desde este lugar afirmamos sin equivocarnos que muchos son los controles que desde el Estado no se ejercen sobre las instituciones de seguridad con capacidad de perseguir e intimidar a l@s activistas sociales, mediante secuestros express, con el fin de amedrentar y evitar así que la militancia político-social continúe denunciando, en perjuicio de ganancias que durante más de dos siglos tienen entre sus beneficiarios al propio Estado, cuyo involucramiento es inescindible del sostén de los sitios de explotación (prostíbulos).
Somos actores y actoras como tantos otros y otras, que representamos nuestro propio trabajo, nuestros ideales, nuestra firmeza, nuestra convicción, por eso NO PEDIMOS SINO QUE EXIGIMOS, a quienes ejercen el gobierno de los servicios de inteligencia, las policías de prevención, las instituciones de control de las fuerzas de seguridad privadas, las policías de investigación que realizan la etapa instructoria de la justicia penal, sean éstas nacionales, provinciales o locales, que cumplan con nuestra Constitución Nacional y EVITEN la persecución, seguimiento e inteligencia (privada, pública o parapolicial) sobre nuestros militantes sociales.
Queremos hacer conocer lo evidente, la impunidad que conllevan éstos hechos tiene directa relación con la falta de decisión política en nuestro país, endilgable a la totalidad de los partidos políticos al frente de los gobiernos municipales, provinciales, y nacional, para reformar las leyes orgánicas de las policías. Esta falta de decisión para reformar las instituciones de seguridad está unida a la decisión política de controlar a quienes apoyan un modelo de construcción política alternativo a la sumisión y obediencia debida que asegure la vigencia goce y ejercicio de los derechos económicos sociales, culturales y ambientales.
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